9 de enero del 2019 – El ministro de inmigración de Canadá, Ahmed Hussen, confía en que los recursos están disponibles para hacer frente a una acumulación de decenas de miles de solicitudes de asilo.
La Junta de Inmigración y Refugiados (IRB), que atiende casos de asilo, tiene 64 000 reclamaciones en espera de una decisión. Casi 35 000 de estas reclamaciones provienen de cruces fronterizos irregulares provenientes de los Estados Unidos.
Esto significa que los solicitantes enfrentan una espera de casi dos años antes de conocer una decisión.
Hussen dice que al nombrar a muchos más jueces y contratar más personal, los casos pueden tratarse más rápidamente «sin comprometer un proceso justo».
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Una reciente revisión independiente destacó varios problemas con un sistema que históricamente no ha logrado hacer frente a los picos de las solicitudes de asilo, lo que provoca un creciente atraso.
Una recomendación importante de la revisión fue someterla a la autoridad del ministro de inmigración, aunque muchos están interesados en que se mantenga independiente.
Los cambios aún deben realizarse en respuesta a las recomendaciones, y se dio a la IRB el tiempo para abordar los problemas por su cuenta.
Esta anunció recientemente anunció la creación de un grupo de trabajo para centrarse en casos menos complejos, y estableció una junta de administración de asilo para acelerar el procesamiento al mejorar la coordinación.
Hussen dice que los cambios significan que la junta ahora puede finalizar un 50 % más de casos.
Hay planes para contratar a casi 250 empleados más en los próximos dos años, incluidos 64 nuevos jueces.
El retraso existente se debió, en parte, a los cambios del anterior gobierno conservador, que dejó muchos puestos vacantes en la IRB y también trató de eliminarla en el 2012, creando así este enorme legado de acumulación de refugiados, así como de muchos otros que están esperando audiencias desde hace cinco años o más «, dijo Hussen.
La afluencia de cruces fronterizos irregulares comenzó en el verano del 2017, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó por primera vez el estado de protección temporal de miles de centroamericanos y sudamericanos.
Julio y agosto del 2017 vieron los cruces fronterizos más irregulares en los últimos dos años, con 3 134 y 5 712 personas, respectivamente, cruzando la frontera en puntos no reconocidos.
Trump ha dicho continuamente que terminaría el estado TPS para grupos de nacionalidad específicos. El TPS se otorga a personas de países afectados por guerras o desastres ambientales, como parte de un programa establecido en la década del 1990.
Quienes cruzan la frontera ilegalmente, eligen cruzar en puntos no reconocidos, debido al Acuerdo de Tercer País Seguro.
El acuerdo dice que los solicitantes de asilo deben solicitar el estatus de refugiado en el primer país donde llegan.
Como resultado, si estas personas se presentaran en puntos de cruce fronterizos reconocidos, serían rechazados.
Por lo tanto, muchos culpan al acuerdo por obligar a los aspirantes a solicitantes de asilo a cruzar en puntos no reconocidos.
La Ley de protección de inmigrantes y refugiados de Canadá exige que los países considerados «seguros» se revisen continuamente.
Los esfuerzos del gobierno para abordar el problema se han centrado alrededor de una campaña de información.
El mensaje central es que no hay garantía de que se les permita permanecer en Canadá para quienes crucen la frontera.
La gran mayoría de los que cruzan la frontera han inundado Quebec, donde los funcionarios provinciales han pedido al gobierno federal que se haga cargo de los gastos relacionados con el tema.
El gobierno federal está distribuyendo a los que llegan a través de todo Canadá para intentar aliviar la carga de la provincia francófona.
Sin embargo, de los 18 139 que llegaron en el 2018, 17 276, o el 95 por ciento, llegaron a Quebec, principalmente a través del punto de cruce en Saint-Bernard-de-Lacolle.
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