Canadá celebra 70 años después de la adopción de la Ley de ciudadanía canadiense.
El Primer Ministro en aquel momento, William Lyon MacKenzie, recibió el primer certificado, el número 0001, el 3 de enero de 1947, marcando el momento donde la ciudadanía canadiense se convirtió en una condición legal.
Para conmemorar este aniversario, el 3 de enero del 2017, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC) concedió 26 nuevas ciudadanías en la Corte Suprema de Canadá, en un evento semejante a la primera ceremonia.
La creación del acto hizo de Canadá el primer país de Commonwealth en crear su propia clase de ciudadanía, separada del Reino Unido.
Alta cantidad
Canadá acogió 1.5 millones de nuevos ciudadanos en el transcurso de la última década.
La ley de ciudadanía, bajo su formato actual, es fuente de controversia después de un movimiento conservador en el 2014 para conceder al gobierno el poder de retirar la ciudadanía canadiense a aquellas personas que tienen doble nacionalidad.
El Proyecto de Ley C-24, Ley para el fortalecimiento de la ciudadanía canadiense, fue promulgado por el gobierno de Stephen Harper en el 2014, quien argumentaba que esta ley permitiría retirar la ciudadanía a los terroristas condenados.
Los opositores dijeron que esto creó, de manera eficaz, dos tipos de ciudadanos canadienses.
Los liberales del partido de Justin Trudeau, utilizaron la decadencia del proyecto de ley en el ámbito de su campaña electoral, insistiendo en que los cambios sean revocados, entre otras modificaciones, en el marco de la nueva legislación, el Proyecto de Ley C-6, ley para reformar la ley de ciudadanía.
En el transcurso de la campaña electoral del 2015, los liberales calificaron el proyecto de ley de injusto y utilizaron la consigna «un canadiense es un canadiense » para dejar en claro su posición con respecto a este tema.
Aunque el derecho de retiro de la ciudadanía es la cláusula principal del polémico proyecto de ley conservador, hubieron otros varios cambios aportados al proceso de otorgamiento de la ciudadanía, incluyendo la obligación para los niños de 14 años de hacer un examen de idioma y demostrar sus conocimientos sobre Canadá, aumentando el tiempo que un residente permanente debe vivir en el país antes de calificar para la ciudadanía.
Estos dos cambios igualmente deberían ser anulados por los liberales en un proyecto de ley que permitiría asimismo a los candidatos de agregar el tiempo pasado en Canadá antes de obtener la residencia permanente.
El proyecto de ley permitiría además al gobierno confiscar todos los documentos utilizados en las aplicaciones fraudulentas de ciudadanía, ayudando al IRCC en la lucha contra estos casos.
Resumen de los cambios propuestos con el Proyecto de Ley C-6 (Bill C-6)
- Los solicitantes deben ser residentes permanentes y residir físicamente en Canadá por al menos 1,095 días (3 años) dentro de los cinco años antes de la fecha de su solicitud, y revoca el requerimiento de que los solicitantes tenían que permanecer en Canadá al menos 183 días de cada uno de los años exigidos.
- Los solicitantes entre 18 y 54 años deben cumplir con los requisitos básicos de conocimientos e idioma. Los criterios aplicables estarán definidos en los reglamentos futuros.
- Revocar el requisito que plantea que los solicitantes adultos deben declarar su intención de residir en Canadá una vez que sean ciudadanos.
- Restablecer la consideración del tiempo empleado en Canadá como residente no permanente (no-PR) para la mayoría de los solicitantes hasta un máximo de un año de tiempo acreditado.
- Reducir el periodo a 3 años para que los solicitantes adultos presenten los impuestos canadienses sobre las ganancias, si es requerido por la Ley de Impuesto, para ser elegible para la ciudadanía.
- Derogar la autoridad para revocar la ciudadanía canadiense a personas con doble ciudadanía que sirvieron como miembros de una fuerza armada de un país o de un grupo armado organizado involucrado en un conflicto armado con Canadá.
- Derogar la autoridad para revocar la ciudadanía canadiense a personas con doble ciudadanía que fueron condenados por terrorismo, alta traición, traición o delitos de espionaje, dependiendo de la sentencia recibida.
- Autorizar al Ministro a confiscar documentos utilizados en solicitudes fraudulentas de ciudadanía.
El Proyecto de Ley C-6 actualmente espera un segundo vistazo ante el Senado.